“La política criminal que estamos aplicando es clara. Perseguir a las ‘mecheras’ que cometen delitos que pesan en la sociedad, no por su gravedad, sino porque existe la sensación de que nunca se las ataca penalmente y que entran y salen de las comisarías. Y ahora no es así”, explicó el titular de la fiscalía de Flagrancia I Carlos Picón.
El investigador sostuvo que ya existe una línea de trabajo que fue impulsada por el titular del Ministerio Público Fiscal, Edmundo Jiménez. “Se le pide la prisión preventiva a cada persona que comete este tipo de hecho, ya sea por reiteración de casos o por haber violado la prohibición de acercamiento al microcentro que se le dictó para frenarla”, explicó.
Picón dijo que no es sencillo llevar adelante estas causas, ya que se trata de delitos excarcelables. “Los fiscales y los jueces debemos cumplir con lo que dice la ley. Por eso buscamos herramientas alternativas que por ahora están dando resultados”, comentó. “Es cierto que con una suspensión a juicio a prueba o una condena de cumplimiento condicional no es lo que pretende la sociedad. Pero es el camino que debemos seguir, porque ya no tendrán las mismas posibilidades de escaparle al sistema judicial”, agregó en una entrevista con LA GACETA.
El fiscal indicó además que mes a mes se va incrementando el número de condenas. “Con el tiempo se verá que no estamos recorriendo el camino equivocado. No hay que olvidarse de que con el anterior sistema prescribían porque pasaban dos, tres o más años y nunca eran enjuiciadas”, explicó.
Picón también se mostró preocupado por la falta de interés de las víctimas en participar del proceso. Explicó que de ocho damnificados por haber sufrido algún tipo de ataque de “mecheras”, cinco desisten de continuar con la acción penal. “Ese es un problema para todos. Necesitamos que ellos estén presentes en cada audiencia, que les cuenten a los jueces qué es lo que sienten. Eso es fundamental para accionar contra un imputado si, realmente se quiere verlos tras las rejas”, concluyó.